El Quinto Juzgado Civil de Santiago ha autorizado el cobro ejecutivo y el eventual embargo en GORE Metropolitano de bienes contra la institución por un total de $290 millones. Esta cifra corresponde a tres facturas emitidas por la empresa Gopa Soluciones SpA, las cuales fueron aceptadas por el GORE a pesar de carecer de cualquier respaldo contractual o servicio prestado.
Este fallo judicial marca un hito en la investigación conocida como el “Caso Gopa”, un entramado de facturación irregular que ha puesto en jaque la administración de fondos públicos. A continuación, detallamos las claves de este proceso, los argumentos legales en disputa y las consecuencias para la institución regional.
El origen del conflicto: Facturas “fantasma” y factoring
El problema se gestó entre enero de 2024 y marzo de 2025. Durante este periodo, la sociedad Gopa Soluciones SpA emitió facturas al GORE Metropolitano por una cifra cercana a los $6.500 millones. Si bien el organismo regional no realizó el pago directo de estos documentos, el hecho administrativo de aceptarlos permitió que fueran cedidos a empresas de factoring, convirtiéndolos en instrumentos de crédito exigibles.
Tres de estas facturas, que sumaban $290 millones, fueron adquiridas por Boreal Servicios Financieros S.A., entidad que, ante el incumplimiento, inició acciones legales para recuperar los fondos.
¿Qué falló en el control interno?
Según testimonios recabados en la auditoría interna del GORE, liderada por Luz Núñez Rivera, el sistema presentaba una vulnerabilidad específica: el analista autorizaba documentos que, al no estar programados para pago inmediato, evitaban las alertas convencionales de control. Esto permitió que facturas sin contraprestación fueran validadas bajo la descripción de proyectos inexistentes, tales como supuestos trabajos en el “Salón Bulnes” o servicios para el “Cesfam Urzúa”.
La batalla legal: Falsedad ideológica vs. validez formal
El Gobierno Regional, representado por el abogado Marcelo Segura, ha intentado frenar el embargo argumentando la falsedad ideológica de los instrumentos. Según la defensa, las facturas no representan una relación comercial real, ya que los servicios mencionados nunca fueron prestados ni las mercaderías entregadas.
No obstante, el Quinto Juzgado Civil de Santiago, mediante la jueza Giselle Sorhaburu, desestimó estas alegaciones en la etapa preparatoria. El argumento central del tribunal es de carácter técnico-administrativo:
- Etapa procesal: En la fase preparatoria del juicio ejecutivo, solo es admisible la impugnación por adulteración material del documento, no por falsedad ideológica.
- Aceptación irrevocable: La magistrada sostuvo que el GORE no presentó objeciones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el plazo legal correspondiente. Al omitir este paso, las facturas quedaron “irrevocablemente aceptadas”, otorgándoles fuerza ejecutiva ante la ley.
Consecuencias inmediatas y el futuro del proceso de embargo en GORE Metropolitano
Tras la resolución judicial, la situación para el Gobierno Regional es de carácter urgente. La orden de embargo significa que, en los próximos días, un ministro de fe procederá a realizar el requerimiento de pago. Esto incluye no solo el monto principal de las facturas, sino también:
- Comisión del 1% por la gestión de cobranza.
- Intereses y reajustes acumulados desde la mora.
- Costas del proceso judicial.
Ante este escenario, desde el GORE Metropolitano informaron que se encuentran en plazo para contestar la demanda ejecutiva y presentar excepciones que permitan invalidar la ejecución. Asimismo, recordaron que existe una investigación penal en curso derivada de la querella criminal interpuesta contra Gopa Soluciones SpA y el exfuncionario Carlos Basaletti Alvarado, quien, paradójicamente, mantiene una causa de tutela laboral reservada contra el mismo GORE.
El impacto en la gobernanza regional
Este episodio ha trascendido la esfera civil y se ha posicionado en el centro del debate político. El “Caso Gopa” fue invocado en el requerimiento presentado ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para solicitar la destitución del gobernador Claudio Orrego.
Los denunciantes apuntan a un notable abandono de deberes por falta de supervigilancia. Por su parte, la defensa de la autoridad regional sostiene que, una vez detectadas las irregularidades, se activaron todos los mecanismos legales y administrativos para proteger el erario público, incluyendo auditorías internas y querellas.
Mientras el juicio ejecutivo sigue su curso, el caso subraya la fragilidad de los sistemas de contratación pública cuando los controles internos no están sincronizados con las normativas de facturación electrónica y factoring.
Preguntas Frecuentes (FAQs)
1. ¿Qué es una factura ideológicamente falsa en este contexto? Es un documento legal que cumple con todos los requisitos formales (timbre, firma, formato), pero cuyo contenido es falso. En este caso, el GORE alega que los servicios descritos en las facturas (obras en recintos específicos) nunca ocurrieron ni fueron contratados.
2. ¿Por qué el GORE perdió la posibilidad de objetar las facturas? Según el fallo judicial, la institución no realizó las objeciones formales ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en los plazos estipulados por ley. Esto validó los documentos ante terceros (empresas de factoring), impidiendo que el GORE alegara posteriormente que no eran válidas.
3. ¿Qué significa que un bien público sea embargado? En términos prácticos, implica que el tribunal ordena el pago forzado. Si el GORE no paga, el receptor judicial puede identificar activos (cuentas o bienes) para asegurar el cumplimiento de la obligación. No obstante, el Estado cuenta con protecciones legales específicas para garantizar la continuidad de sus funciones, por lo que el proceso suele derivar en una disputa de plazos y excepciones legales.
Conclusión
El caso que enfrenta el GORE Metropolitano sirve como una lección severa sobre la importancia de la ciberseguridad administrativa y el control riguroso de los flujos documentales. La transformación digital en el sector público, si bien optimiza tiempos, requiere de capas de seguridad que detecten anomalías en tiempo real.
La resolución del Quinto Juzgado Civil recuerda a las instituciones que la “aceptación” de un documento tributario no es un trámite menor, sino un acto jurídico con consecuencias vinculantes. La transparencia y la probidad no solo se declaran; se gestionan a través de protocolos estrictos que impidan que el patrimonio público quede expuesto a vulnerabilidades procedimentales.
