Un escándalo de proporciones ha remecido a la Municipalidad de Lo Barnechea, que ha interpuesto una querella criminal por los delitos de estafa y uso malicioso de instrumento público falso en un contrato de retiro de escombros que asciende a más de $900 millones. La acción judicial, dirigida contra la Constructora Río Grande SpA, pone de manifiesto una trama de falsificaciones que podría haberle costado al municipio una suma aún mayor si no se hubieran detectado a tiempo las irregularidades. Este caso no solo destapa una presunta estafa, sino que también pone en tela de juicio los mecanismos de control y supervisión en las licitaciones públicas, un tema de vital importancia para la transparencia y el buen uso de los recursos fiscales. La millonaria estafa con certificados falsos que se investiga en Lo Barnechea es un llamado de atención para todos los organismos públicos, que deben reforzar sus protocolos para evitar ser víctimas de este tipo de fraudes.
La investigación, que se encuentra en pleno desarrollo, busca determinar el alcance total del engaño, así como las responsabilidades tanto de la empresa involucrada como de los funcionarios que debían velar por la correcta ejecución del contrato. La municipalidad, por su parte, ha anunciado que llegará hasta las últimas consecuencias para recuperar los fondos defraudados y sentar un precedente que desincentive futuras prácticas fraudulentas.
El modus operandi de la millonaria estafa con certificados falsos
La trama de esta millonaria estafa con certificados falsos comenzó a tejerse en mayo de 2024, cuando la Constructora Río Grande SpA se adjudicó una licitación para el desarme y retiro de escombros en la comuna. El contrato, por un monto máximo de 23.300 UF (aproximadamente $917 millones), establecía un pago por volumen de material efectivamente retirado. Para acreditar el cumplimiento de esta labor, la empresa debía presentar certificados de disposición final emitidos por un tercero autorizado, en este caso, la empresa Ecomin.
Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando, previo al cuarto pago, el municipio decidió verificar la autenticidad de los documentos presentados por la constructora. Para sorpresa de todos, Ecomin no solo confirmó que los certificados eran falsos, sino que además el formato no correspondía al que ellos utilizaban. Este hallazgo destapó la olla de grillos: todos los certificados presentados hasta ese momento, que respaldaban pagos ya realizados por más de $302 millones, eran fraudulentos.
La duplicidad de documentos y la falta de control
La audacia de los presuntos estafadores llegó a tal punto que no solo falsificaron los certificados, sino que también los duplicaron. El mismo documento fue utilizado para justificar dos pagos distintos, una irregularidad que, increíblemente, no fue detectada por el inspector técnico de la obra (ITO), cuya labor, precisamente, era supervisar la correcta ejecución del contrato y visar los pagos. Esta falla en el control interno del municipio es uno de los puntos más preocupantes del caso, ya que evidencia una vulnerabilidad que pudo haber permitido un desfalco aún mayor. De no haberse realizado la verificación de los certificados, el cuarto pago, por casi $600 millones, se habría concretado, elevando el perjuicio fiscal a más de $900 millones. La millonaria estafa con certificados falsos no solo revela la astucia de los presuntos delincuentes, sino también las debilidades en los procesos de fiscalización.
La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, establece un marco regulatorio estricto para las compras públicas, con el objetivo de garantizar la transparencia, la eficiencia y la probidad en el uso de los recursos del Estado. Sin embargo, este caso demuestra que la existencia de un marco legal no es suficiente si no va acompañada de mecanismos de control efectivos y de una cultura de integridad tanto en el sector público como en el privado.
Las implicancias legales y administrativas del caso
La querella presentada por la Municipalidad de Lo Barnechea abre un complejo escenario legal y administrativo, con consecuencias que podrían ser de gran alcance. En el ámbito penal, la investigación deberá determinar la responsabilidad de los representantes de la Constructora Río Grande SpA en los delitos de estafa y uso malicioso de instrumento público falso. De ser declarados culpables, podrían enfrentar penas de cárcel y multas, además de la inhabilitación para contratar con el Estado.
Desde el punto de vista administrativo, este caso podría derivar en la suspensión o cancelación de la inscripción de la empresa en el Registro de Proveedores del Estado, lo que le impediría participar en futuras licitaciones públicas. Asimismo, la municipalidad podría iniciar un juicio de cuentas en la Contraloría General de la República para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que no cumplieron con su deber de fiscalización.
El rol del inspector técnico de la obra (ITO)
Una de las figuras clave en este caso es la del inspector técnico de la obra (ITO), cuya labor es fundamental para garantizar que los contratos se ejecuten de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación. En este caso, el ITO no solo no detectó la falsificación de los certificados, sino que además aceptó un mismo documento para justificar dos pagos distintos. Esta negligencia, que podría ser constitutiva de un delito, será uno de los focos de la investigación.
El nuevo reglamento de la Ley de Compras Públicas, aprobado mediante el Decreto N° 661 de 2024, refuerza la importancia de la fiscalización y el control en los contratos públicos. Este caso, sin duda, servirá como un llamado de atención para que los organismos públicos implementen de manera rigurosa las nuevas disposiciones y fortalezcan sus capacidades de supervisión.
Lecciones aprendidas y medidas a futuro
Este lamentable episodio debe servir como una lección para todos los actores involucrados en el sistema de compras públicas. Es fundamental que los organismos del Estado refuercen sus mecanismos de control interno, implementando protocolos de verificación de documentos y realizando auditorías periódicas a los contratos en ejecución. Asimismo, es necesario fortalecer la capacitación de los funcionarios encargados de la fiscalización, para que cuenten con las herramientas necesarias para detectar irregularidades y prevenir el fraude.
Por su parte, las empresas que contratan con el Estado deben asumir un compromiso irrestricto con la probidad y la transparencia, entendiendo que cualquier intento de fraude no solo tiene consecuencias legales, sino que también daña la confianza en el sistema y perjudica a toda la sociedad.
La importancia de la denuncia y la persecución del delito
La decisión de la Municipalidad de Lo Barnechea de denunciar los hechos y perseguir a los responsables es un paso en la dirección correcta. Es fundamental que los organismos públicos no duden en llevar ante la justicia a quienes intentan defraudar al Estado, para sentar un precedente claro de que este tipo de conductas no serán toleradas. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos, y requiere de un compromiso decidido tanto del sector público como del privado. La millonaria estafa con certificados falsos en Lo Barnechea es un caso emblemático que debe impulsar una reflexión profunda sobre cómo mejorar los estándares de probidad en la contratación pública.
Conclusión
El caso de la millonaria estafa con certificados falsos en Lo Barnechea es una muestra alarmante de cómo la falta de controles efectivos puede abrir la puerta a fraudes de gran envergadura en el sistema de compras públicas. Este escándalo no solo representa una pérdida económica para el municipio, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Es imperativo que se investigue a fondo este caso, se sancione a los responsables y se implementen medidas correctivas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La transparencia, la probidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos son pilares fundamentales de una sociedad democrática, y es responsabilidad de todos velar por su cumplimiento.
Preguntas Frecuentes (FAQs)
¿Qué es una licitación pública?
Una licitación pública es un procedimiento administrativo a través del cual un organismo del Estado realiza un llamado público y abierto a todos los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales se seleccionará y aceptará la más conveniente para el organismo.
¿Cuál es el rol del inspector técnico de la obra (ITO)?
El inspector técnico de la obra (ITO) es el profesional encargado de supervisar la correcta ejecución de un contrato de obra o servicio, velando por que se cumpla con las especificaciones técnicas, los plazos y el presupuesto establecidos. Su labor es fundamental para garantizar la calidad y la transparencia en la ejecución de los proyectos públicos.
¿Qué consecuencias puede tener para una empresa el ser condenada por estafa al Estado?
Una empresa condenada por estafa al Estado puede enfrentar graves consecuencias, que van desde multas y penas de cárcel para sus representantes legales, hasta la inhabilitación perpetua para contratar con organismos públicos. Además, este tipo de condenas generan un daño reputacional que puede afectar gravemente la viabilidad del negocio.
